Trece años. Ese fue el tiempo que duró la batalla legal de la familia de Isabel para probar en tribunales que ella murió como consecuencia de la omisión, interrupción, renuencia y tardanza injustificada en la prestación de los servicios de salud, al no realizarle correctamente el tratamiento ordenado.
Su médico tratante, vinculado a la EPS Salud Total, ordenó una cirugía de trasplante de médula ósea alogénico, para poder salvarle la vida.
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